Daniele Grasso / Diagonal
En Madrid parece que el Ayuntamiento ha encontrado un blanco fácil para recaudar dinero. Hace unas semanas incrementaron la presión sobre los bares que ofrecían conciertos gratuitos, ahora son los gestores de los bares de Lavapiés quienes han formado una plataforma de apoyo mutuo, para hacer frente al acoso administrativo que sufren: “Hemos llegado a recibir hasta tres controles policiales en una semana, a veces incluso de los mismos agentes”, nos cuenta el dueño de un bar.
Así, detrás de las barras se amontonan los informes policiales con multas por razones como “tener luces de colores”. De la misma manera, se puede ser sancionado por no exponer el cartel con el aforo y el horario de actividad, cartel que es el mismo Ayuntamiento quien tiene que proporcionar a los locales.
Los gestores de bares de Lavapiés denuncian una estricta vigilancia policial, obligados a someterse a los continuos controles de la Policía Municipal en horario de apertura, bajo las miradas de los clientes. Con la excusa del control administrativo, los agentes entran indiscriminadamente en los bares, llegando a producir verdaderas redadas.
Los pequeños comerciantes de la zona ven detrás de estas actuaciones la voluntad del Ayuntamiento de “acabar con cualquier tipo de ocio que no se ajuste a sus criterios partidistas”.
Gestión externa de licencias
A principios de 2010, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, cedió a siete empresas privadas la gestión de las licencias para abrir actividades en la ciudad, con razón de agilizar los trámites burocráticos. Sin embargo, en abril de ese mismo año la actuación del plan fue interrumpida por el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid. Era anulada por “sobrepasar los límites de las competencias municipales”.
Un año después, en abril de 2011, empieza el nuevo plazo para que 27 empresas privadas sean las nuevas “colaboradoras para la gestión de las licencias urbanísticas”. Y mientrás dura esta ‘transición’, los nuevos bares que quieren llevar adelante su actividad se encuentran en una “situación alegal”, en la que la ralentización de los procesos y la desinformación reinan, dejando rienda suelta a la actuación policial.
Para que un bar pueda llevar a cabo su actividad regular y legalmente necesita obtener una licencia, como toda actividad comercial. Si el bar sirve copas y pone música, además, tendrá que preparar el local para que pueda estar en los límites establecidos. Esto significa “obras, contactos con expertos, mediciones de ruido” que el bar tiene que llevar por su cuenta para poder presentar los resultados al Ayuntamiento.
“Para poder pinchar música y cumplir con la ley, hemos tenido que reformar gran parte del local”, nos cuenta un dueño de un bar de Lavapiés, mientras nos enseña las paredes insonorizadas de su local. Tenían, según la normativa vigente, un plazo de un mes para completar las obras y cumplir las normas. “Lo hicimos en octubre, y solicitamos al Ayuntamiento que enviase sus técnicos para comprobar que todo estuviese en regla”, nos cuenta. “Todavía no ha venido nadie”. De hecho, el resultado ha sido otro: la policía ha venido cuatro veces a medir el ruido emitido, y las cuatro no ha encontrado ninguna irregularidad.
Por ello, no ha preparado expedientes ni avisado a los dueños del local de que había efectuado las mediciones, violando de esta manera el artículo 30 de la Ley 17/1997, que prevé la entrega en un acta de los resultados de las inspecciones efectuadas por las fuerzas de seguridad del Estado.
“En Medio Ambiente nos han dicho que el informe sobre nuestro local –en el que se califican como regulares las mediciones, los parámetros y las adaptaciones hechas–, una vez enviado al Ayuntamiento, no ha vuelto. Resulta que está perdido”, comenta incrédula la gestora de este mismo bar.
Los papeles se pierden y se amontonan, y a la hora del repentino control policial “hay que repetir siempre la misma historia, la licencia está en trámite”. Esta falta de coordinación entre departamentos “genera situaciones de alegalidad constantes y de difícil solución para los pequeños comercios hosteleros”, según los hosteleros entrevistados. Mientras, el bar necesita funcionar y quien lo gestiona necesita trabajar, sin saber si sus datos están siendo gestionados y sin que haya información sobre ellos. De esta manera, estos bares se encuentran “sin soluciones efectivas y competentes, ni tampoco alternativas de desarrollo”.
A la búsqueda de votos
La importancia de los bares en la economía española se comprueba con los números. En España hay un bar cada 461 habitantes, casi el doble que la media de la Unión Europea. A comienzos de 2011, en la presentación del Plan de Fomento e Impulso del Pequeño Comercio y la Hostelería, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, calificó de “vitales” para la economía madrileña este tipo de comercios. Sin embargo, la mala gestión y la incompetencia evidenciadas están siendo escondidas “detrás de la caza de brujas que nos están haciendo sufrir a todas”, según la plataforma de hosteleros de Lavapiés.
48 horas detenida por preguntar qué pasaba
El 29 de enero, un bar de Lavapiés fue lugar de una de las redadas policiales denunciadas en los bares madrileños. La media docena de policías que entró en el local se echó encima de un cliente “culpable de hacer un chiste al ver tantos agentes en el local”, nos cuentan algunos testigos. Entonces, Mónica preguntó qué ocurría. Después, como ha contado a DIAGONAL, fue empujada al coche sin saber por qué, ni a dónde la llevaban. “Me impresionó la violencia verbal y física de los agentes, que no pararon de amenazarnos en ningún momento”. Tras 48 horas en comisaría, los dos salieron acusados de “atentado contra la autoridad”. Mónica ha denunciado a los policías, por lo que está a la espera del juicio.
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