El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Alfonso Guerra, anuncia a los grupos parlamentarios su disposición a convocar la próxima semana la ponencia encargada de la proposición de reforma del Estatuto de Extremadura con el objetivo de forzar un acuerdo entre PP y PSOE y aprobar así una norma que llegó a la Cámara Baja hace ya casi un año.
Según informan a Europa Press fuentes parlamentarias, PP y PSOE tienen ya pactado un pequeño paquete de enmiendas al texto, casi todas de carácter técnico, que no modifican en lo sustancial la propuesta de reforma aprobada por la Asamblea de Extremadura en septiembre de 2009 con el consenso de los dos grandes partidos.
Sin embargo, el principal obstáculo que ha surgido en la negociación del texto de reforma de este Estatuto, el noveno que llega al Congreso desde 2004, surge de la disposición adicional segunda, que compromete al Estado a dedicar cada año a Extremadura una inversión complementaria equivalente al 1 por ciento del PIB regional, una inversión que se mantendrá hasta que el PIB por habitante de la comunidad se equipare al de la media española.
Se da la circunstancia de que el Tribunal Constitucional interpretó en su sentencia sobre el Estatuto catalán una disposición similar que establecía que la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras se equiparará a la participación relativa del PIB regional con relación al del Estado para un período de siete años.
El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ya advirtió la semana pasada de que su partido no podrá aprobar la reforma del Estatuto si en el Congreso "se quiere tocar" la disposición adicional segunda, ya que esto supondría "engañar la voluntad expresada por los extremeños a través de su Parlamento".
Mientras, los socialistas consideran que esta disposición podría tanto mantenerse como desaparecer del proyecto de reforma en función de la sentencia del Constitucional, pero ven una "contradicción" que el PP recurriera este punto en el caso de Cataluña y la defienda después en el caso de la norma extremeña.
A pesar de todo, desde el PSOE han mostrado su confianza en que el texto salga adelante y no ocurra lo mismo que con el Estatuto de Castilla-La Mancha, que llegó pactado desde el Parlamento regional pero al final tuvo que ser retirado por la incapacidad de socialistas y 'populares' de consensuar en el Congreso las enmiendas relativas al trasvase Tajo-Segura y la reserva de agua para la comunidad.
Es a lo que lleva que la decisión sobre una inversión en una zona, la tenga el propio interesado. Los Extremeños, los Andaluces, los catalanes,etc y cada uno tirando para sí. Y la imposibilidad que la decisión la tome un gobierno central en base a criterios objetivo de necesidades.
ResponderEliminarTodo esto esta contra la matemática. Tenemos 10 pero resulta que 5 quieren 4 y otros cinco quieren 7, y esto sobrepasa con mucho los 10 a repartir. Así con esta mecánica tan simple es como se produce el endeudamiento público sin criterio, ni base, ni aseguramiento de derechos básicos, porque se pretende quedar bien con todos.
Un saludo y a ver quien le pone el cascabel a este gato.