(Extraído de Kaos en la Red Extremadura)
La Policía Local evitó el martes por la mañana que un hombre de 41 años se lanzara al vacío desde el Puente de Palmas. El rescate fue realizado cuando el varón ya había inclinado su cuerpo sobre la barandilla. La actuación tuvo lugar minutos después de que el suicida fuese desahuciado de una vivienda en alquiler de la zona centro. El propio hombre comunicó durante el desalojo que pretendía quitarse la vida. Ahora está en la unidad de Psiquiatría del Infanta Cristina.
El tema de los desahucios y embargos está adquiriendo cada vez tintes más dramáticos. Según el informe del Consejo General del Poder Judicial titulado 'Los efectos de la crisis en los órganos judiciales' de 2007 a 2008, las ejecuciones de hipotecas se duplicaron en la provincia de Badajoz. Además, en lo que va de 2009 han crecido un 85% en comparación con la misma época del año pasado. El problema es aún más grave de lo que reflejan las cifras del Consejo General del Poder Judicial, ya que este informe sólo incluye las sentencias y muchos embargos se producen por acuerdo entre el banco y el propietario que no puede pagar. Entre 2007 y 2011 se producirán cerca de 500.000 ejecuciones hipotecarias en el estado español.
De este modo, mientras los bancos se convierten en auténticas inmobiliarias, muchos pacenses temen ser los siguientes y perder su casa. No sólo se enfrentan a los problemas derivados de la crisis económica sino también a las cláusulas que incluyen algunas hipotecas y que en AUSBANC califican como abusivas. Además, con el embargo las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales.
Para parar tamaña injusticia hay múltiples alternativas, tales como, prohibir por ley los desahucios por impago de hipotecas o de alquileres a las familias con ingresos inferiores a una determinada cantidad, instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria, condonación de las deudas, dación en pago…
Pero sobre todo la organización y acción ciudadana, donde hay significativos ejemplos:
La Plataforma de Afectados por la hipoteca han logrado paralizar varios desahucios mediante una resistencia pacífica al desalojo por un grupo de vecinos; la presión popular resultó determinado para evitar el desahucio.
La Plataforma de Afectados de El Palmar (Murcia) que cuenta con un centenar de miembros y ha conseguido también paralizar dos desalojos, el último de ellos el pasado 19 de enero. El método para frenar el embargo es sencillo, como relata María Jesús Martín, una de las portavoces de la asamblea, “nos juntamos todos los afectados y bloqueamos la escalera; después esperamos a que llegue el secretario judicial y gritamos consignas hasta conseguir que se marche”, detalla. Tras evitar el segundo desahucio, Martín señala que “ahora la gente ha cogido valor y fuerza” para enfrentar su situación, que ha atraído, por fin, al Defensor del Pueblo de Murcia y al consistorio de la capital de la Región.
Habrá que tomar nota de estas interesantes iniciativas ciudadanas para evitar tragedias y situaciones límites como la acontecida en Badajoz.
Más información:
¿Le quieren quitar la casa? Organícese
Recordar también que José Luis Burgos, discapacitado físico en silla de ruedas que ha sido intentado desahuciar por el banco de Santander, iniciará el próximo 21 de marzo un recorrido por toda España, a fin de concienciar a la sociedad de la gravedad de casos similares al suyo. Su ejemplo pretende ser una llamada de atención de los casi 300.000 embargos que se han ejecutado judicialmente en los últimos dos años paralelamente a los anuncios de las cuentas de resultados con beneficios milmillonarios del sistema bancario.
A mediados de abril estará por Extremadura:
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