Pues sí, la cosa es seria, aunque viniendo de quien viene se puede esperar cualquier cosa. Y es que la Sra. Aguirre cuando se empeña en llevar algo a cabo, le importa un pito lo que los demás le digan, aunque entre los demás se encuentren los tribunales de justicia.
Decidió, en contra de estudios medioambientales, ampliar la carretera M-501, conocida popularmente como “la carretera de los pantanos”. Un proyecto que se inició sin declaración de impacto en 2006, aunque había sido descartado por Gallardón en 1998 y tenía un informe negativo de la Consejería de Medio Ambiente de la misma Comunidad, así como un estudio del CSIC que comunicaba los daños medioambientales que se producirían, por lo que lo desaconsejaba.
Ya en 2008, después de una denuncia de Ecologistas en Acción, y con las obras avanzadas, el TSJM anuló los acuerdos que aprobaban dicha obra y requería la inmediata vuelta a la situación anterior. Como es de suponer Aguirre y Cía siguieron a lo suyo, sin hacer caso, continuaron con la obra.
Ha trascurrido el plazo, hace más de un mes, para que se hubiera cumplido la sentencia, o sea la vuelta a la situación de origen. Como quiera que esto no sólo no ha ocurrido, sino que además ha continuado el desdoblamiento de la carretera, como si no existiera dicho fallo en su contra, Ecologistas en Acción solicitó la ejecución forzosa de la sentencia y el TSJM ya ha ratificado esa ejecución y se lo ha comunicado a la C.A.M.
Ahora con la ratificación, veremos como Aguirre y Cía se pasan por el arco del triunfo la sentencia. Pagarán (quiero decir pagaremos los madrileños y no ella y su gobierno, que son los responsables) una multa y la carretera, a pesar de la sentencia judicial y de los daños medioambientales que provoca, no la tocará nadie.
Y hay que decirlo claro, en este envite Aguirre se juega mucho, porque ahora, con la carretera desdoblada, podrá venir el desarrollo urbanístico de la zona oeste de la Comunidad, la recalificación de terrenos y el desarrollo urbanístico más importante de la C.A.M.
En España está claro que las sentencias sólo obligan a los particulares no poderosos. Atrévase alguno de ustedes a hacer una obra no autorizada y que alguien le denuncie, verán lo que tardan en hacérsela tirar y en ponerle una multa.
En este país --al contrario que en la mayoría de los países, donde los políticos están obligados, por una cuestión ética y estética, a ser los primeros en cumplir la ley— parece que ciertos políticos actúan con bula y están por encima de la ley. Casos como el de Aguirre son un ejemplo claro de despotismo a la Justicia y de sumisión de ésta al poder ejecutivo.
La ley, no sólo debería imponer su sentencia y hacer volver a la situación anterior del delito, sino que en el primer momento debería haber paralizado las obras y si está claro, como es el caso, de que la obra se ha realizado a sabiendas de que iba en contra de la ley, una prevaricación como un piano, se debería poder reclamar daños y perjuicios a los que han decidido saltarse la ley a la torera.
No es la primera vez –recordemos la sentencia de la huelga del metro, cuyos servicios mínimos se han considerado ilegales y la C.A.M. no se han dado por aludida y no ha cambiado nada— que algunos políticos como Aguirre, entienden que ser elegido para un puesto les vacuna contra cualquier ley y les permite hacer de su capa un sayo.
Tener mayoría, por muy mayoría que sea, no exime del cumplimiento de la ley. So pena que ocurra en países con gobiernos dictatoriales, donde los tres poderes están bajo una única batuta, justo lo que a la neoliberal Aguirre le gustaría.
Salud y República
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