Conservadores y retrógrados sine die.

Escuchando hace poco en la radio las estadísticas sobre el primer año en vigor de la mal llamada "ley del aborto" pensé que tenía que escribir algo al respecto para poner en evidencia la vehemencia con la que los grupos conservadores de todas las esferas de la sociedad mienten y se oponen a todo lo que sea avanzar en la consecución de la libertades ciudadanas. De ahí este repaso que hago a los principales  avances luchados y conseguidos por los españoles en materia de derechos humanos y cómo casualmente éstos grupos políticos, mediáticos, eclesiasticos etc se han opuestos a todos y cada uno de ellos.


El 2 de marzo de 1932, las Cortes de la II República habían aprobado una histórica ley del divorcio impulsada por el entonces ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, en virtud de uno de los artículos de la Constitución de 1931, que preveía la disolución matrimonial.



Esta norma, que contemplaba aspectos tan novedosos como la fórmula del mutuo disenso, la posibilidad de que la pareja acordara el destino de los hijos menores o la obligación mutua de pensión alimenticia, fue derogada el 23 de septiembre de 1939. Durante cuarenta años, el matrimonio fue indisoluble en España. Hasta 1981 los descendientes de aquel régimen bloquearon la legalidad del divorcio. Hoy se ha visto el error que cometían y muchos de ellos, ahora presidentes y presidentas de comunidades autónomas, exministros, etc, están divorciados de sus parejas, normal, como la vida misma.

En 2005, El Congreso de los Diputados aprobó la modificación del Código Civil que permitía contraer matrimonio a parejas del mismo sexo y que les otorgaba todos los derechos de las uniones heterosexuales, incluida la adopción. El texto recibió el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara, requisito indispensable para salvar el veto que el PP forzó en el Senado la semana anterior. La ley que permite las bodas gays recibió el apoyo de 187 votos (PSOE, Grupo Mixto, Izquierda Verde, ERC, PNV, CC y dos diputados de Convergencia, que tenían libertad de voto, y la ex ministra del PP Celia Villalobos), mientras que en contra se han pronunciado 147 (el Partido Popular y miembros de Unió). El PP se seguía oponiendo en masa a todo aquello que “oliera” a libertad y progreso.

El pasado 5 de Julio cumplía su primer año la “polémica” Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, calificada por muchos como la ley del aborto y por otros ultraconservadores como ley “Aído”, en memoria de la ministra que la impulsó desde el gobierno socialista.

Según estos personajes que tanto la criticaron y los partidos que les representan, esta ley iba a encarnar algo así como un genocidio prenatal masivo que impulsaría a la juventud española a un estado de Sodoma y Gomorra en el que tendrían una alfombra roja hasta las clínicas abortistas.

El tiempo, que pone a cada uno en su sitio, ha mostrado una realidad bien diferente. Tras esta ley que suponía una “barra libre de abortos”, la lluvia de visitas a las clínicas que se esperaba en nuestro país no ha sido tal, como cabía esperar, y las interrupciones de embarazos se han mantenido estables respecto a años anteriores. Y la parte más criticada que era aquella de que las menores podían abortar sin el consentimiento de sus padres ¿saben lo que ha pasado? ¿Que ha supuesto un 90% del total de interrupciones? Pues seguro que eso hubieran deseado los críticos de la ley y sus cicerones políticos y religiosos, pero no, ha sido entre un cinco y un diez por ciento las menores de 16 y 17 años que han acudido solas a abortar al alegar conflicto familiar grave.

Esta ley no ha supuesto ningún ascenso espectacular de las interrupciones como vaticinaban los apocalípticos de la política y la religión, lo que si ha supuesto, y es lo que éstos temen, es un ascenso en las libertades de la mujer y en su capacidad de elección y decisión. Aún así, algunas comunidades se niegan a aceptar la ley y la incumplen sistemáticamente, en Navarra o La Rioja todavía no se practican abortos. Las mujeres siguen viéndose obligadas a trasladarse a otras comunidades para interrumpir su embarazo. En otras autonomías como Cataluña o Castilla y León el proceso desde la solicitud del aborto hasta su realización puede durar hasta dos o tres semanas. En Valencia o en Murcia no se garantiza la confidencialidad de los datos de la mujer. En comunidades como Madrid la financiación pública de esta prestación sanitaria la están asumiendo los propios centros porque los hospitales les deben más de un millón de euros y el gobierno de Esperanza Aguirre acumula un retraso en el pago de hasta 20 meses.

Ahora el caballo de batalla de éstos adalides de la represión añorantes de la Inquisición que siguen pensando que pueden decidir si puedes o no interrumpir tu embarazo y cuándo puedes o no poner fin a tu vida, es la Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, conocida como Ley de Muerte Digna, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado 13 de Mayo. Por supuesto que el brazo armado del PP, es decir la Iglesia y sus lacayos, ha salido raudo a criticarlo haciendo una llamada a a desobedecer la ley de muerte digna "si sale como está".

Como siempre y por los siglos de los siglos, estos individuos seguirán intentando impedir todas y cada una de las leyes que supongan hacer al individuo más libre, pues les interesa tenernos calladitos y obedientes y si puede ser encadenados mejor.

Un saludo